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Se ignora su paradero
Por Federico
Zertuche
Ayer martes millones de colombianos a lo largo y ancho de
su país y en otras naciones donde residen, salieron a la calle en
multitudinarias marchas y asambleas públicas para expresar su repudio a las
FARC y exigir la liberación de cinco militares y seis policías que permanecen
secuestrados desde hace 12 años, así como al resto de civiles que están en
cautiverio por esa banda narcoterrorista y criminal que lleva cerca de
cincuenta años en armas contra el Estado.
La indignación ciudadana que es pareja en todo el
espectro ideológico y político así como en las distintas clases sociales, sin
importar edades ni religión, es patente en Colombia desde hace muchos años,
cuya ciudadanía y población exige que depongan las armas, pues anhela paz, la
seguridad, la estabilidad social y económica, el estado de derecho y el sistema
democrático como formas de vida civilizada y pacífica.
Recientemente, el pasado 26 de noviembre, fueron vilmente
asesinados por las FARC cuatro secuestrados que llevaban años en cautiverio
cuando se acercaban las fuerzas armadas para liberarlos, lo que sacudió al país
y le recordó semejante horror: un grupo de hombres pudriéndose en la selva, en
jaulas de alambre de púas, bajo la mirada atenta de sus captores, listos para
dispararles al menor indicio de un intento de fuga o de una operación de
rescate.
Colombia ha sufrido por decenios el flagelo de la
violencia por partida triple: tanto por la antigua guerrilla que hace mucho
perdió su razón de ser para convertirse en auténticos delincuentes asociados
con el narcotráfico y dedicados al secuestro y la extorsión; las fuerzas
paramilitares, así como los carteles de la droga, particularmente los de
Medellín y de Cali. El Estado colombiano les ha dado tremendos golpes a unos
como otros, y está en vías de recuperar la paz y seguridad por la que tanto han
luchado.
Valga la pena recordar el episodio vivido por Lucía
Morett, quien junto con otros jóvenes mexicanos se encontraban durmiendo en un
campamento de las FARC ubicado en la localidad de Santa Rosa, departamento de
Sucumbíos, en Ecuador. A la medianoche del 1º de marzo del 2008, se produjo un
bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana. Morett estaba ubicada lejos del
epicentro del ataque, resultando herida con esquirlas y balas.
El ataque causó la muerte del jefe guerrillero Raúl
Reyes, otros miembros de las FARC y cuatro estudiantes mexicanos, llevando a
una crisis diplomática regional en torno a la violación colombiana de la
soberanía territorial ecuatoriana.
Lucía Morett quiso justificar su presencia en el
campamento guerrillero y clandestino, al mando del segundo hombre de las FARC,
alegando que estaba realizando estudios para su tesis, es decir, con fines
académicos. Cosa nada creíble, sobre todo si se saben los antecedentes: En
febrero del 2008, Morett viajó al Ecuador, donde visitó el campamento de Raúl
Reyes el 3 de febrero, luego asistió a un congreso bolivariano de grupos de
izquierda donde también asistieron delegados de las FARC en Quito. El 9 de
febrero de 2009 el coronel Mario Pazmiño, director de inteligencia del Ejército
del Ecuador durante la operación, mostró imágenes que desmienten las
afirmaciones de Morett. Pazmiño demostró que Morett había estado en otros
campamentos de las FARC.
El gobierno de Ecuador hospedó a Lucía Morett en calidad
de turista herida por el bombardeo colombiano. Posteriormente cuando se hizo
evidente su involucramiento con las FARC, se pidió retenerla para una
investigación que no se dio porque Morett había salido del país en dirección a
Nicaragua que le dio refugio por varios meses.
Regresó a México el 4 de diciembre del 2008 acompañada de
tres diputados del PRD. A su llegada fue recibida por una multitud en el
aeropuerto, encabezada por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, la cual buscó
protegerla de cualquier intento de detención por parte de la PGR. Valga señalar
que el Grupo Eureka de Ibarra de Piedra, disque en defensa de los derechos
humanos, nunca ha dicho nada por los secuestros y asesinatos perpetrados por
las FARC, ni por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en todas
las dictaduras comunistas.
Más tarde, el Partido del Trabajo la postuló como
candidata a Diputada Federal para la elección de julio de 2009, esperando con
ello obtener inmunidad. Sin embargo, perdió la elección. La INTERPOL la señala
como una “Persona considerada armada, peligrosa y violenta; actualmente se
ignora su paradero. Un documento de la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional del Congreso señala que Lucía Andrea Morett formaba parte
del “Movimiento Mexicano de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano”,
vinculado a las FARC, cuya sede era un cubículo en la UNAM, de los hermanos
Cerezo, con lazos con el EPR. Morett forma parte de la “Coordinadora
Continental Bolivariana Capítulo México”. Luego se supo que ella y varios
jóvenes mexicanos estaban siendo entrenados por las FARC en el paraje de la
selva de Ecuador que fue bombardeado.
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