Plumas Invitadas

Carta abierta: No al desarme, no ahora

Javier A. Livas Cantú

Muy estimables señores Presidente de la República y Secretarios. Han ustedes juramentado “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”. Ahora que les corresponde atender la situación en Michoacán, su juramento se topa con un dilema de primera magnitud. Es tal la desobediencia a la Ley en dicho estado que ni con todo el dinero del mundo, ni todos los recursos a su alcance podrían en forma realista cumplir cabalmente con su compromiso constitucional, y menos en un periodo corto. Además, como lo explico más abajo tendrían que encarcelar al 80 por ciento de los mayores de edad, hombres y mujeres, al menos por complicidad, en cerca de 30 municipios. He allí un gran dilema. Es precisamente otra forma de desobediencia generalizada la que impulsó a muchos ciudadanos a organizarse en las mundialmente famosas “auto-Defensas” o policías comunitarias. La criminalidad rampante generó a los auto-defensas. Criminalizarlos a ellos es confundir las obligaciones del gobierno. Yo no puedo, siendo también abogado como Ustedes, afirmar que al poseer armas y portarlas en lugares públicos no estén contraviniendo las leyes establecidas. Aplica ciertamente a los auto-defensas. Pero hay más: desde el punto de vista frío y objetivo hay miles y miles de ciudadanos no solo en Michoacán sino también en muchísimos otros estados que están haciendo uso de las armas, armas letales y prohibidas, para cometer todo tipo de delitos como el secuestro, extorsión, asesinatos, etc., todos delitos graves. Sin duda su tarea es abrumadora y virtualmente imposible de cumplir en el corto plazo. Lo que menos deben hacer es tratar de gobernar a otros a través de criminalizar a los auto-defensas. Al respecto hay dos grandes puntos que hacer. Primero, las Leyes parecen ciegas en ocasiones pero en el fondo no lo son. Nuestro sistema jurídico abraza la premisa de que no hay situación que no tenga una solución legal. El problema es cómo aplicar la Ley para que al cumplirla no se incurra deliberadamente o a sabiendas en una injusticia mayor a la que se trata de evitar. Hay que preguntarse ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido en este caso? Sin duda la vida y otros derechos de la población, como la propiedad y la paz social. Hay que distinguir entre quienes se arman para cometer delitos y quienes se arman para defenderse de los que quieren convertirlos en víctimas inermes de delitos. Desde la óptica de la Ley Federal de Armas y Explosivos, en ambos casos la ley queda burlada. Sin embargo, para la Justicia, fin supremo del derecho, habría que aceptar que  existen otros derechos como el derecho a la vida que al estar en riesgo, se yerguen supremos y prioritarios sobre las prohibiciones o sobre actos que comúnmente sería delitos o ilegalidades. Tal es el caso por ejemplo de la defensa propia en todos los códigos penales de la república como excluyente de responsabilidad. Esta figura penal del derecho supremo a la defensa propia de la vida existe desde mucho antes que existieran las constituciones del Estado moderno. Resulta a todas luces evidente, porque ya ha sido explorado hasta el cansancio, que Michoacán cayó en un absoluto desorden en el que el estado de derecho dejó de existir. Quizá lo que se requiere es una declaración formal al respecto. Los ciudadanos quedaron expuestos a la violencia no solo de la delincuencia organizada y a toda clase de delitos que desafían la imaginación, sino expuesta también a una complicidad criminal por parte de  servidores públicos que decidieron aliarse con los grupos delincuenciales para juntos explotar los abundantes recursos materiales y humanos de ese castigado y sufrido estado de Michoacán. Esta agresión resentida por la población en general encontró por fin en la organización de los Auto-defensas una solución provisional y temporal a los ataques, extorsiones y asesinatos. Se logró, gracias a una comunidad unida por la crisis, y por el instinto de supervivencia, frenar a la delincuencia. Los retenes organizados y operados por ciudadanos armados lograron ahuyentar a los delincuentes y pararles el alto, al menos parcialmente. Los índices delictivos en los municipios controlados por auto-defensas bajaron rápidamente. La población volvió a respirar. Ustedes han tenido apenas un poco más de un año en el gobierno para empezar a trazar una estrategia para lograr el retorno de Michoacán al estado de derecho y a sentar las bases para garantizar que la población pueda regresar a sus labores ordinarias y hacer que Michoacán vuelva a ser un estado ejemplarmente productivo, siendo tan rico en recursos, vegetación y clima propicio como lo es sin duda. Celebro que hayan visto las cosas con objetividad y le hayan dado prioridad a la idea de celebrar acuerdos con las organizaciones de Auto-Defensas o policía comunitarios. Convocarlos a unirse a los esfuerzos del Gobierno Federal ha dado buenos resultados. Muchos delincuentes, antes que entregarse a las autoridades, han optado por huir, y otros por confrontarse y morir. Otro más han tenido que ser localizados y capturados. Sin duda que el conocimiento del terreno y del quién es quién que han proporcionado los auto-defensas, la llamada inteligencia, compartida con el Gobierno Federal, le ha permitido a este empezar a aplicar la ley a los criminales. Sin embargo, el Gobierno Federal por razones que trato de entender se ha visto muy parco en reconocer los méritos de los auto-defensas en estos triunfos parciales y aún someros. Han caído abatidos o han sido capturados varios cabecillas de los llamados Templarios, pero hasta donde he podido indagar, esta organización echó raíces entre amplios sectores y tiene algo de base social que la hace muy difícil de extirpar en el corto plazo. La detención del Secretario de Gobierno y su probable colaboración con la delincuencia que azotaba a Michoacán, es un fuerte indicio adicional y reciente de que lo que afirmo es cierto. La estructura gubernativa de Michoacán ha estado en gran parte comprometida, aunque el Gobernador Vallejo pueda deslindarse por su credibilidad personal. La preocupación que origina esta carta tiene que ver con el hecho de que los triunfos que el Gobierno Federal ha logrado pareciera que lo han alentado o motivado a aplicar la ley aún en contra de quienes han sido sus aliados, o sea los integrantes de los grupos de auto-defensas. No me refiero a la persecución de quienes puedan haber incurrido en actos criminales. Quienes actúen criminalmente deben responder ante la ley. Lo que no puedo aceptar es que se criminalice a los Auto-defensas, como grupo o a sus integrantes como individuos, por el simple hecho de poseer y portar armas en público para su defensa propia y de sus comunidades. Eso no los convierte en criminales, porque su conducta tiene una justificación en el derecho a la defensa propia y de las familias, defensa que se ha tenido que extender hasta las comunidades en virtud de que de ese tamaño ha sido la victimización que han sufrido, en ocasiones con la complicidad de las mismas autoridades constituidas. Si la ley no lo entiende, algo malo sucede con la ley. Quizá todo el problema se origina por violar el 11 Constitucional con leyes secundarias que limitan el derecho a poseer armas. Se dice que las autodefensas han sido financiadas por otros grupos de delincuentes. Yo escucho testimonios como el del Dr. José Manuel Mireles Valverde, de periodistas nacionales y de periodistas extranjeros ante el Wilson Center en Washington, y políticos locales, y me convenzo de que tiene sentido para empresarios locales y su trabajadores dejar de pagar decenas de millones en extorsiones y comprar armas para defenderse ante un gobierno cómplice o ausente. Si acaso le temen a los autodefensas como insurgencia o fuerzas revolucionarias, que quede claro que en todo caso sería una revolución de empresarios en contra de todos los abundantes grupos parasitarios enquistados en el sector productivo. El derecho es orden, pero no es ciego. Una conducta no puede estar prohibida y permitida al mismo tiempo. Sin embargo, en ocasiones las fronteras entre una cosa y otra son borrosas. Este es un caso especial porque es necesario y urgente distinguir la motivación detrás de lo que en apariencia pudiera considerarse un delito. La simple posesión y portación de una arma, así sean de las exclusivas del Ejército y Marina, no es razón suficiente para considerarlos criminales porque su actitud y sus actos no lo reflejan así. Yo afirmo que es todo lo contrario: los Auto-defensas son en su esencia, héroes civiles. En Michoacán son personas, simples civiles, que han arriesgado su vida ante delincuentes organizados y despiadados y autoridades corruptas e inmorales. Esta explicación y sus argumentos debieran abrazarse como razón suficiente para que el Gobierno Federal expidiera una estatuto especial o decretara un Estado de Excepción en Michoacán que de alguna manera logre orientar a la población local y al resto de los mexicanos acerca de que tenemos un gobierno inteligente y prudente, a la vez que moralmente responsable. Esta petición puede parecer exagerada y puede también mostrar a México en una posición difícil de explicar en el plano internacional. Sin embargo, considero que es imperativo e impostergable buscar una solución jurídicamente válida, sostenible y justificada. De lo contrario, ir a buscar el “desarme” de los integrantes de los grupos de Auto-defensas, a como dé lugar, “caiga quien caiga” será cometer un error garrafal y absurdo, pues el riesgo de que dicha medida sea considerada por los auto-defensas como una medida prematura y directamente lesiva es por decirlo de alguna manera, una CERTEZA. Como lo implicaba líneas arriba, la situación actual dista mucho de estar controlada y la acción de desarme habrá de auspiciar el retorno de la delincuencia, de los verdaderos criminales. Para quien está acorralado por el Gobierno por un lado y por los criminales por otro, no hay opción. La verdadera alternativa del Gobierno Federal no es desarmar, sino acercar, conciliar y brindar un estatuto especial que cobije a los grupos de auto-defensas.  No en este momento. La misión de limpia apenas empieza y dista de estar terminada. No puede ignorarse que los autodefensas se han formado por decepciones con sus gobernantes y sus traiciones. Aplicar la ley es un deber. Pero no puede aplicarse ciegamente o cuando previsiblemente las condiciones existentes generan un mal mayor. ¿Acaso van a encarcelar a mujeres y jóvenes de ambos sexos que han contribuido de alguna manera a la comisión de los delitos que ahora se quieren imputar a los Auto-defensas? No quedaría NADIE en la calles de docenas de municipios de Michoacán. La ley requiere sabiduría en su aplicación, y más en estos casos. Cuidado con aquéllos que sin haberse tomado la molestia de profundizar en la problemática compleja de Michoacán demandan pasar por el cuchillo a todos aquellos que porten armas fuera de la ley. Son malos consejeros quienes exigen al gobierno radicalizar su postura frente a los Auto-defensas, pero fueron totalmente pasivos e indiferentes cuando el pueblo de Michoacán estuvo cautivo de los delincuentes y sus socios en los gobierno locales. Si tuvieran vergüenza permanecerían calladitos. Yo no apoyo la transgresión a las leyes. Abogo por su aplicación inteligente y constructiva. Michoacán requiere recuperar la paz. Pero no será iniciando una guerra entre el Gobierno Federal y los Auto-defensas, por más descrédito que se les haya querido imputar en las últimas semanas. No me conformo con enviar esta carta y dejarla circular. Solicito atentamente, se actúe con firmeza y prudencia al mismo tiempo, pero asegurándose de no provocar incidentes violentos deliberadamente. Los auto-defensas tienen su lado patriótico, habrá que buscarlo y seguir por la vía de construir acuerdos. Los planes de Gobernación para la prevención vía becas y conferencias motivacionales no son suficientes ni tendrán efectos en el corto plazo. Pueden si, servir como justificativos cuando lo que se busca es una justificación ante el público para pasar a acciones violentas, pero no servirán de consuelo si sobreviene una catástrofe. Solicito también, el gobierno se preocupe por informar al país con el mayor detalle posible de lo que está planeando y haciendo en Michoacán. La figura del enviado presidencial o Comisionado Alfredo Castillo, no tiene un gran sustento jurídico visible. Por allí sería bueno empezar, explicando cómo es que se borran las autoridades locales sin un acto del Congreso Federal. El C. Presidente es el final responsable de lo que suceda y hago votos que nada malo ocurra. México merece y requiere de acciones inteligentes no bravatas o posturas autoritarias. Los que piden sangre se van a ocultar cuando fluya. Michoacán tampoco merece que se recrudezca la situación, que ya bastante ha sufrido por el abandono y la miopía de sexenios pasados. Cumplo como mexicano, y con mis obligaciones como amante de la libertad y la democracia. Muy atenta y respetuosamente. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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